La vivienda debe ocupar un lugar central en las políticas públicas y la respuesta a la actual crisis requiere combinar diferentes medidas en función de los perfiles de las personas demandantes. Esta es una de las principales conclusiones de las II Jornadas Internacionales ‘La crisis de la vivienda. Políticas públicas para hacerle frente a un problema crónico’, organizadas por el IDEGA en colaboración con el Consello Económico e Social de Galicia (CES).
El encuentro, celebrado en el Pazo de Amarante, reunió a representantes de las administraciones, expertos y entidades sociales para analizar las dimensiones económicas, sociales y territoriales del problema de la vivienda en Galicia. Los ponentes señalaron que el planeamiento urbanístico territorial se elabora de espaldas a la realidad social, identitaria y demográfica del territorio, sin tener en cuenta la evolución de la población en los próximos años.
Se criticó la desconexión del urbanismo respecto a las dinámicas reales del mercado. La geógrafa y experta en vivienda del IDEGA, María José Piñeira, explicó que "es absurdo proyectar 10.000 viviendas de forma simultánea que se ocuparán en un período de ocho años y que, treinta años después, envejecerán también de forma simultánea. La planificación actual ha fracasado de manera sistemática al formular objetivos alejados de las necesidades de las mayorías sociales".
También se concluyó que la dificultad del acceso a la vivienda no depende únicamente del poder adquisitivo, sino también de situaciones de exclusión social estructural. Piñeira consideró que sistemas como el del País Vasco, donde las subvenciones públicas a la autopromoción comunitaria se asignan en función del nivel de renta, constituyen una fórmula más justa. Se denunció además el estigma y el racismo inmobiliario que sufren las personas vulnerables.
Los ponentes coincidieron en la necesidad de conocer en profundidad el perfil de las personas demandantes y contar con datos fiables para orientar mejor las políticas públicas, especialmente en la contabilización de la vivienda vacía. Piñeira apuntó que "desde los ayuntamientos sí que se podrían realizar estas recogidas de información que nos permitan obtener datos más fiables. Sin datos no se hace política".
Se abordó la conveniencia de introducir las viviendas vacías en el mercado de alquiler y rehabilitar las que estén en mal estado. Se propuso que las administraciones actúen como intermediarias y se creen portales públicos para facilitar el acceso a la vivienda.
Se defendió un modelo de urbanismo de proximidad, basado en barrios vivos y cohesionados, y la necesidad de regular para evitar la segregación urbana. Se apostó por planes más ágiles que sustituyan los planes generales, que pueden tardar hasta 20 años en tramitarse.
Finalmente, se defendió que el derecho de propiedad no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales, como el de accesibilidad, citando como ejemplo la instalación de ascensores en edificios antiguos para evitar la degradación urbana.
