El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una nueva iniciativa para combatir la morosidad municipal en toda España, destinando 304 millones de euros para que los ayuntamientos salden sus deudas con proveedores. En Galicia, esta medida afecta a treinta municipios. Cinco de ellos, entre los que se encuentran Santiago, Cambre, Culleredo, Mugardos y Verín, deberán acogerse obligatoriamente al sistema debido a la persistente demora en el pago de sus facturas. Otros 25 ayuntamientos gallegos tienen la opción de adherirse voluntariamente para acceder a un crédito con condiciones favorables del Ministerio.

La iniciativa, aprobada en mayo por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, busca aliviar las tensiones de tesorería municipal y ofrecer un respiro a las empresas, pymes y autónomos que trabajan con las administraciones locales. La legislación establece un plazo máximo de pago de 30 días, pero muchas entidades locales aún incumplen este requisito.

Los cinco municipios gallegos con pago obligatorio son Santiago, Cambre, Culleredo, Mugardos (en la provincia de A Coruña) y Verín (en la de Ourense). Estos ayuntamientos, que presentan un período medio de pago a proveedores superior a 60 días, deberán formalizar un préstamo con Hacienda y aprobar un plan de ajuste. Santiago destaca por ser uno de los diez ayuntamientos españoles con mayor incumplimiento, acumulando deudas que ascienden a 14,1 millones de euros en abril de este año. Los otros ayuntamientos obligados también presentan deudas significativas: 3 millones en Cambre, 3,6 en Culleredo, 2,5 en Mugardos y 3,7 en Verín. La fecha límite para formalizar estos préstamos es el 29 de julio de 2026, con un plazo de devolución entre octubre de 2027 y 2041.

La segunda vía de la iniciativa permite la adhesión voluntaria para 25 ayuntamientos gallegos que experimentaron un incremento puntual del período medio de pago en el último trimestre de 2025, superando los 90 días. Estos municipios, en general de menor tamaño, incluyen Rois, Santa Comba y Vilasantar (A Coruña); Begonte, Guntín, Pantón, Quiroga, Ribadeo y Taboada (Lugo); Baltar, Chandrexa de Queixa, A Gudiña, A Pobra de Trives, A Porqueira, Rairiz de Veiga, Riós y A Rúa (Ourense); y Agolada, Cambados, A Caniza, Catoira, Cuntis, Mondariz, Salceda de Caselas y Vilanova de Arousa (Pontevedra).

A nivel estatal, el mecanismo podría alcanzar a 206 ayuntamientos. El Gobierno subraya que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para reducir la morosidad de las administraciones, lo que ya ha permitido que la Comisión Europea cierre un procedimiento de infracción contra España por incumplimientos de la Directiva de Morosidad.