Este laboratorio universitario, adscrito al CRETUS, con las docentes Lucía Martín Gisbert y Alberto Ruano Raviña como investigadoras principales, ha contado con la colaboración de sociedades científicas, otras universidades, sindicatos e institutos autonómicos de seguridad y salud en el trabajo para elaborar este documento pionero.
El protocolo establece recomendaciones para el seguimiento de personal trabajador expuesto a concentraciones elevadas de radón que superen la dosis de radiación fijada (6 mili sieverts por año oficial). Destaca la obligación de las personas empleadoras de clasificar a los trabajadores expuestos y subraya pautas para el personal médico del trabajo con el fin de reducir el riesgo de cáncer de pulmón, considerando factores como el consumo de tabaco, otras exposiciones carcinogénicas y la presencia de radón en los domicilios. No se recomiendan pruebas médicas con radiación ionizante, como el TAC de baja dosis, por falta de evidencia científica.
El personal investigador de la USC recuerda que los puestos de trabajo en planta baja o bajo rasante en más de 1.600 municipios españoles clasificados como zona II (zona de riesgo) por el Consejo de Seguridad Nuclear tienen la obligación de medir radón. En Galicia, la práctica totalidad de los municipios se encuentran en esta situación, y las mediciones deben realizarse con laboratorios acreditados durante tres meses entre el 1 de octubre y el 31 de mayo.
El Laboratorio de Radón de Galicia está acreditado para la medición de radón en el ámbito laboral y ofrece servicios como una calculadora estatal para convertir concentraciones de radón en dosis efectivas y el Mapa de Radón de Galicia, que con 6.080 mediciones en viviendas gallegas, es el más detallado del Estado, según explica el profesor Ruano.
