La polémica surgió en 2024, cuando el regidor y presidente del Consejo de Administración de la EPEL, Blas García, solicitó al delegado de personal que convocara una reunión para elegir, mediante votación, a los representantes de los trabajadores. Sin embargo, el BNG de Ames, a través de su concejal Alexandre Espinosa, denunció que esta acción fue un "error" que llevó a una condena judicial.
La ratificación de la condena por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pone de manifiesto la mala práctica del alcalde, que le va a costar al Concello 15.000 euros.
Los nacionalistas señalan que, según los estatutos de la EPEL, el nombramiento del representante de los trabajadores debe recaer en el delegado de personal elegido en las elecciones sindicales, sin posibilidad de elegir a otro trabajador mientras el mandato del delegado de la CIG estuviera vigente. A pesar de esto, se realizó una votación que resultó en la elección de una persona distinta al delegado de personal.
Ante esta situación, la CIG presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo por presunta vulneración del derecho a la libertad sindical, seguida de una demanda de tutela de derechos fundamentales. El juzgado le dio la razón a la CIG, evidenciando que el alcalde "manobró para apartar al delegado de la CIG y sustituirlo por una persona más afín a sus intereses", incluyendo el nombramiento de Genma Otero Uhía, exconcejala de Podemos, como gerente de la entidad.
Este nombramiento, aprobado en junio de 2024 con el voto de calidad del alcalde, contó con el voto en contra de toda la oposición, incluyendo el BNG, Espazo Común y el Partido Popular. El BNG de Ames ya había criticado el procedimiento por "falta de transparencia, documentación e información sobre los méritos reconocidos a la candidata propuesta", y advirtió que, a pesar de la sentencia, Blas García "insistió en este tipo de práctica antisindical", estando pendiente otra demanda de la CIG por vulneración de la libertad sindical del actual delegado de personal.
