La ley que reconoce la baja menstrual en España, pionera en Europa, cumple años de vigencia con un uso muy limitado en la comunidad gallega. Según datos facilitados por el Sergas, únicamente 140 pacientes han utilizado este derecho entre 2023 y 2025, registrándose un total de 162 procesos de alta con una media de 13 días por baja.

Estos datos contrastan con las estimaciones del Gobierno central, que preveía que unas 60.000 personas en todo el Estado podrían acogerse a esta prestación. A nivel nacional, en mayo de 2025, solo 3.059 mujeres la habían solicitado, según señala la investigadora Lidia De La Iglesia Aza de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en un artículo académico.

La tendencia en Galicia, aunque modesta, es ascendente. En 2023, 32 mujeres causaron baja con una media de 36 días. En 2024, fueron 48 (16 días de media), y en 2025, 60 mujeres (9 días de media). Las provincias de Pontevedra y A Coruña concentran la mayoría de las solicitudes, mientras que Lugo registra un uso mínimo.

El permiso está destinado específicamente a la menstruación incapacitante secundaria, asociada a patologías diagnosticadas como endometriosis o miomas. A diferencia de las bajas comunes, no requiere cotización previa y la Seguridad Social cubre el coste desde el primer día. La normativa también incluye a hombres trans con capacidad gestacional.

Aunque España fue pionera en Europa, otros países como Japón (desde 1947) o Indonesia ya contaban con fórmulas similares, aunque muchas veces no remuneradas o con limitaciones. La diferencia española, según De la Iglesia, radica en que la norma busca el bienestar y la salud laboral, no criterios higiénicos o de fertilidad.

El debate sobre la baja menstrual persiste. Se critica que exija diagnóstico previo, excluyendo casos de dolor intenso sin patología identificada, o que pueda generar estigma y perjuicios en la contratación de mujeres. La entonces vicepresidenta Nadia Calviño ya expresó estas preocupaciones.

Los datos actuales sugieren que las barreras para su uso podrían ser médicas, sociales o simplemente de desconocimiento, abriendo interrogantes sobre la efectividad real de la medida.