El Consello da Xunta dio hoy el visto bueno al proyecto de la nueva Ley de Administración Local de Galicia, que viene a sustituir la normativa vigente desde hace casi tres décadas. Según apuntó el presidente, Rueda, la norma busca “seguir garantizando que los ayuntamientos dispongan de los recursos que necesitan para llevar a cabo el ejercicio de sus competencias” y adaptar la legislación “a la realidad y a los nuevos cambios que han ido surgiendo en los últimos años”.
Esta ley pionera pretende convertir a Galicia en un referente estatal, dotando a las entidades locales de un marco normativo adaptado a las necesidades sociales, demográficas, tecnológicas y organizativas actuales. El objetivo es “modernizar el marco local gallego, simplificar la burocracia y adaptar la norma al entorno digital”, además de “fomentar la cooperación entre administraciones”.
El texto iniciará ahora su trámite parlamentario tras un amplio proceso participativo que incluyó el análisis de alrededor de medio millar de alegaciones. La Xunta también mantuvo reuniones con representantes de las diputaciones provinciales, de la Federación Galega de Municipios e Provincias y de colegios profesionales para recoger aportaciones.
La nueva ley incluye novedades en materia de modernización, inteligencia artificial y participación ciudadana. Se estructura en un título preliminar y nueve títulos específicos, además de varias disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias que simplifican el ordenamiento jurídico gallego, suprimiendo cinco leyes autonómicas anteriores.
Entre sus objetivos destacan la clarificación de competencias, la adaptación de la organización municipal a la diversidad de los ayuntamientos, el refuerzo del papel de las diputaciones, la apuesta por la administración digital y la inteligencia artificial, una mayor participación ciudadana y la mejora de la capacidad y autonomía financiera de las entidades locales.
La ley presta especial atención a los municipios en situación de reto demográfico, estableciendo medidas específicas de cooperación entre la Xunta y las diputaciones para garantizar la prestación de servicios. También se refuerza el papel de asistencia de las diputaciones a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica.
Se introducen nuevas fórmulas de cooperación intermunicipal más flexibles, como áreas funcionales temporales o agrupaciones de municipios para personal técnico, con el fin de ofrecer más capacidad a menor coste. En los municipios de más de 30.000 habitantes, podrán crearse vicealcaldías y la figura de dirección pública profesional.
En cuanto a la financiación local, la ley sienta las bases de un nuevo modelo de participación de los municipios en los tributos autonómicos a través del Fondo de Cooperación Local (FCL). Este fondo incrementa en 20 millones de euros los fondos incondicionados, que representan casi el 89% del total, y establece una cantidad mínima anual de 100.000 euros por ayuntamiento.
El nuevo sistema de financiación también incluye un fondo para compensar gastos específicos y otro para inversiones en infraestructuras estratégicas, buscando aportar mayor estabilidad, objetividad y autonomía financiera local.
