La Junta de Gobierno municipal de Pontevedra acordó este jueves prorrogar el convenio firmado en 2022 con la Diputación, permitiendo así el uso del subsuelo en la zona monumental. Esta decisión reactiva la posibilidad de ejecutar una ambiciosa actuación que busca unir mediante galerías subterráneas los edificios Castro Monteagudo, García Flórez y Fernández López, con el objetivo de modernizar el complejo museístico y mejorar la circulación interna.
La iniciativa, impulsada por el anterior gobierno provincial del BNG y especialmente por el entonces vicepresidente César Mosquera, encontró obstáculos tras el cambio de gobierno en la Diputación. El actual vicepresidente y responsable del Museo, Rafa Domínguez, solicitó al Concello la ampliación de la vigencia del acuerdo, ya que el convenio original expiraba este mes sin que la obra se hubiese iniciado.
El pacto original, suscrito en mayo de 2022 entre el Concello y la entonces presidenta provincial Carmela Silva, contemplaba la cesión gratuita de hasta 355 metros cuadrados de subsuelo bajo las calles Sarmiento, Pasantería y García Flórez. El proyecto, valorado en unos seis millones de euros y con un plazo de ejecución de año y medio, se presentó como estratégico para consolidar el Museo de Pontevedra como referente cultural gallego.
El cambio de gobierno en la Diputación generó una fuerte confrontación política. El BNG acusó al actual ejecutivo del PP de paralizar el proyecto, mientras que Rafa Domínguez argumentó que el anterior gobierno dejó documentación insuficiente y sin permisos necesarios. La polémica se intensificó con la pérdida de una subvención europea de tres millones de euros de los fondos Next Generation, concedida en 2023 para la rehabilitación y conexión subterránea.
Domínguez sostuvo que la solicitud de los fondos europeos se realizó sin tener los permisos para ejecutarlos. Además, afirmó que el proyecto básico carecía del visto bueno de Patrimonio, licencia municipal y proceso de contratación al llegar el PP a la Diputación, detectando errores en la documentación enviada a la Xunta para evaluación patrimonial.
Por el contrario, el portavoz nacionalista César Mosquera replicó que el proyecto estaba preparado para la licitación antes de las elecciones municipales de 2023, y que fue el propio PP quien pidió paralizar el trámite por prudencia política. La teniente de alcalde y concejala de Patrimonio, Eva Vilaverde, confirmó la "absoluta disponibilidad" del gobierno local y recordó la modificación del PEPRICA para permitir la intervención urbanística.
El Concello reclama ahora a la Diputación que remita una adenda con el nuevo calendario de obras. La administración local busca adaptar la prórroga al plan real de la Diputación, ya que la actuación sigue sin fecha de arranque once años después del cierre de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez.
