Esta medida busca "desatascar" el servicio de Disciplina Urbanística, que acumula un elevado número de casos sin resolver. Para ello, se creará un equipo de tres profesionales: un técnico de medio ambiente, un aparejador y un administrativo. Su contratación tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarse un año más.

La mayoría de los expedientes pendientes, un total de 557, corresponden a incumplimientos de las franjas de protección contra incendios. De estos, 107 son por ejecución subsidiaria, donde el Concello asume la limpieza de los terrenos y luego factura los costes a los propietarios. La normativa actual de la Xunta de Galicia exige que las parcelas privadas estén libres de maleza en un radio de 50 metros de viviendas y edificaciones, con un plazo hasta el 31 de mayo para cumplir y evitar sanciones.

En segundo lugar en el ranking de infracciones se encuentran las órdenes de ejecución por incumplimientos urbanísticos, con 340 expedientes sin cerrar. Estas infracciones suelen estar relacionadas con requerimientos de legalización de inmuebles o terrenos, órdenes de cese de actividad o medidas de restitución y reparación de espacios, como edificaciones en estado ruinoso que necesitan ser demolidas o aseguradas.

El listado se completa con 52 expedientes de disciplina urbanística, 46 de legalización, 43 de informes de evaluación de edificios, 33 de diligencias previas, 14 de disciplina medioambiental, ocho declaraciones de caducidad para la reposición de la legalidad urbanística y un expediente sancionador. El alcalde Lores vincula este refuerzo de personal al aumento de la actividad urbanística en la ciudad, que requiere priorizar las licencias para nuevas viviendas y negocios.