La disputa entre los ayuntamientos de Ponte Caldelas y Pontevedra por el cobro del canon del agua se intensifica. El gobierno local de Ponte Caldelas ha reiterado su oposición al precio que la capital provincial demanda por los recibos de las empresas ubicadas en el polígono industrial de A Reigosa, calificándolo de "abusivo".
Esta reacción surge tras la noticia de que el Concello de Pontevedra ha recurrido a la vía judicial para reclamar el pago de más de un millón de euros en facturas pendientes. El gobierno de Ponte Caldelas hizo pública su postura a través de sus redes sociales, haciendo referencia a una sentencia previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
“"Como alcalde defenderé los intereses de mis vecinos frente a quien sea: Abel Caballero con el Verdugo o Lores con el Lérez. No vamos a aceptar imposiciones ni abusos."
La sentencia del TSXG, a la que Ponte Caldelas recurrió, tenía como objetivo evitar que Pontevedra pudiera cortar el suministro de agua a las empresas de A Reigosa. Según fuentes municipales, el fallo judicial solo frenó el ultimátum que el Concello de Pontevedra había dado para el pago de la deuda, amenazando con interrumpir el servicio al citado parque empresarial. Dicha amenaza, cuyo plazo expiraba en agosto del año pasado, nunca se materializó.
A pesar de los intentos fallidos de acuerdo, ninguna de las partes llegó a un entendimiento. La controversia se centra en un convenio, finalizado en 2020, que Ponte Caldelas no reconoce. Este convenio implica un precio por el servicio de agua y alcantarillado que Pontevedra presta a las compañías que tienen su sede en A Reigosa. Pontevedra reclama el mismo canon que se aplica a las empresas del polígono de O Campiño, ubicado en la parroquia de Marcón, en territorio pontevedrés.
