La iniciativa, impulsada por el PSOE y apoyada por el PP con la abstención del BNG, insta al gobierno local a reunirse "de manera inmediata" con los propietarios afectados por las futuras expropiaciones. El objetivo es recoger sus demandas y trasladarlas a la Xunta de Galicia, a la que también se le reclama que revise aspectos del proyecto para minimizar el impacto sobre propiedades privadas y garantice "un precio justo" o compensaciones adecuadas.
La moción también solicita a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas que abra un proceso de diálogo con los afectados, les explique el proyecto con detalle y estudie posibles ajustes. Contempla además que los propietarios de viviendas habituales expropiadas puedan recibir, si lo solicitan, una vivienda nueva libre de protección. Se demanda también una ordenación urbanística "más racional" en el futuro barrio, favoreciendo una transición progresiva entre los edificios de mayor altura y las zonas de vivienda unifamiliar ya existentes.
El PP, liderado por Rafa Domínguez, presentó una enmienda que pide al gobierno municipal iniciar "de manera inmediata" la elaboración de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para evitar situaciones similares en el futuro. El portavoz popular responsabilizó al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de no haber desarrollado un nuevo planeamiento urbanístico durante su mandato.
El gobierno local del BNG optó por abstenerse, acusando a PSOE y PP de "contradicción" por cuestionar ahora aspectos del proyecto después de haber apoyado la delimitación urbanística en 2025. El concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña, calificó el proyecto residencial de "estratégico y fundamental" para Pontevedra ante la necesidad de incrementar la oferta de vivienda protegida, aunque aseguró compartir las preocupaciones de los vecinos y apoyar sus "reivindicaciones justas".
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, defendió la "total transparencia y participación" por parte de la Xunta y avanzó una reunión con representantes del suelo esta semana para dar a conocer la iniciativa, que prevé la construcción de 2.010 viviendas protegidas en colaboración público-privada en ámbitos que llevan décadas sin desarrollarse.
