Durante el debate sobre el estado de la autonomía, Alfonso Rueda destacó el acceso a la vivienda como una prioridad fundamental para su gobierno. Las iniciativas anunciadas buscan beneficiar a un mayor número de familias gallegas, especialmente aquellas que encuentran mayores dificultades en el mercado inmobiliario.

Entre las novedades, el umbral máximo de ingresos para acceder a una vivienda pública se elevará de tres a cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Esto significa que una pareja con un hijo, que antes tenía un límite de 3.350 euros brutos mensuales, podrá ahora superar los 3.500 euros. Para las familias numerosas, el límite ascenderá hasta 4,5 veces el Iprem, permitiendo que un hogar con dos progenitores y tres hijos pueda acceder a una vivienda protegida con ingresos de hasta 4.150 euros brutos al mes.

Además, la Xunta reservará el 30% de las viviendas públicas en venta para personas de entre 36 y 45 años, con especial atención a padres y madres. Esta medida reconoce que este colectivo es el que más obstáculos encuentra para acceder a una vivienda, en parte por el menor margen de movilidad geográfica.

Otra medida destacable es la bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) para las viviendas protegidas. Rueda ejemplificó que una vivienda protegida de cien metros cuadrados que antes pagaba 15.000 euros, ahora pasará a pagar “cero”. Esta bonificación busca fomentar la colaboración público-privada y se suma a las rebajas fiscales implementadas por la Xunta desde 2009.

El presidente también subrayó que su ejecutivo ya tiene en marcha el 100% de las viviendas públicas comprometidas, con el objetivo de duplicar el número disponible, pasando de 4.000 a 8.000. Las primeras llaves comenzarán a entregarse en ciudades como Pontevedra y Santiago en los próximos meses.