El mercado del alquiler estudiantil en Pontevedra ha experimentado una profunda transformación en los últimos diez años. Lo que en 2016 era un sistema relativamente accesible, con precios moderados y acuerdos flexibles, se ha convertido en 2026 en un escenario tensionado, marcado por el encarecimiento sostenido y la escasez de oferta. El campus universitario de la ciudad afronta así una creciente crisis de habitabilidad que ya condiciona las decisiones de los estudiantes.

Los datos reflejan una evolución clara. Hace una década, alquilar una habitación en zonas como O Burgo o A Seca costaba entre 150 y 180 euros mensuales. En la actualidad, el precio medio se sitúa en torno a los 250 euros al mes, sin gastos incluidos, aunque el rango de precios puede alcanzar los 375 euros mensuales. El coste final depende principalmente del tamaño de la habitación, el estado del inmueble y su cercanía al campus o al centro urbano.

La subida no se limita a las habitaciones: un piso estándar de tres dormitorios ha pasado de costar unos 550 euros a superar los 950 euros mensuales. Este encarecimiento ha modificado la estructura de convivencia. Donde antes residían tres estudiantes, ahora es frecuente encontrar viviendas con mayor ocupación o espacios comunes reconvertidos en dormitorios para repartir los costes.

Tradicionalmente, Pontevedra había funcionado como alternativa económica frente a ciudades como Vigo o A Coruña. Sin embargo, esa diferencia se ha reducido de forma notable. En los últimos dos años, la ciudad ha registrado algunos de los mayores incrementos porcentuales del alquiler en Galicia, con subidas interanuales de hasta el 12,4%. Actualmente, el precio medio ronda los 9,8 euros por metro cuadrado, acercándose a los niveles de Santiago de Compostela y reduciendo la distancia con Vigo y A Coruña, donde los precios superan los 11 euros. Mientras tanto, Lugo se mantiene como el único gran núcleo universitario con precios significativamente más bajos, con habitaciones en torno a los 220 euros.

El encarecimiento responde a dos factores principales. Por un lado, la limitada oferta de residencias universitarias. El campus de Pontevedra solo cuenta con un referente claro: la Residencia de Estudiantes Afundación, de carácter privado, con 127 plazas. Sus precios oscilan entre los 630-650 y los 850-870 euros mensuales, en función del tipo de habitación y de si se trata de renovación o nuevo ingreso. La instalación ha sido objeto de una reciente reforma integral que ha elevado el nivel de servicios y, con ello, sus tarifas.

Por otro lado, el crecimiento del alquiler vacacional ha reducido el parque disponible para larga estancia. La consolidación del modelo urbano de Pontevedra, con un centro peatonalizado y atractivo turístico, ha favorecido la conversión de viviendas en alojamientos de corta duración, más rentables para los propietarios. Este fenómeno ha retirado del mercado residencial una parte significativa de la oferta, especialmente en el casco urbano.

El encarecimiento del alquiler y la falta de alternativas comienzan a tener efectos directos. El acceso a la vivienda se complica, aumenta la presión económica sobre las familias y crece la tendencia a buscar alojamiento en municipios cercanos, con el consiguiente incremento del gasto en transporte. Sin una ampliación de la oferta, especialmente de carácter público, o medidas que equilibren el mercado, el campus de Pontevedra podría perder competitividad frente a otros destinos universitarios. La vivienda, tradicionalmente un factor secundario en la elección de estudios, se ha convertido en un elemento determinante.

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ofrece este curso 1.060 plazas en sus residencias públicas de Santiago y Lugo, de las cuales 960 pertenecen a la convocatoria ordinaria y 100 a movilidad internacional. Los precios de estas plazas se mantienen vinculados a la renta familiar, con mensualidades que oscilan entre los 46 y los 292 euros. Al comparar estas cifras con el curso 2015/2016, se observa una estabilidad casi total en la última década, con incrementos de apenas entre uno y seis euros según la modalidad de habitación.

Ante este escenario, la USC se compromete a reforzar el número de plazas públicas y a colaborar con las administraciones competentes para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un factor de empobrecimiento. Entre las medidas propuestas destacan la creación de plazas para causas sobrevenidas, como desahucios o violencia machista, y la implantación de programas de convivencia intergeneracional para fomentar alternativas habitacionales dignas y asumibles.