La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, mantuvo una reunión con el alcalde de Poio, Ángel Moldes, para evaluar el impacto del acuerdo firmado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en la mejora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF). En la visita, destacó el compromiso del Gobierno gallego con este servicio de atención a la dependencia, reflejado en la firma del protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa.
Fabiola García explicó que la financiación de la Xunta para el ayuntamiento de Poio ascenderá a cerca de 600.000 euros durante la vigencia del acuerdo, sumando un total de 2 millones de euros. Este incremento supondrá un ahorro para el ayuntamiento, que podrá destinar a mejorar sus servicios sociales. Recordó que la Xunta aportará hasta 2028 a los ayuntamientos 500 millones de euros, 150 millones más de lo previsto inicialmente. Los municipios adheridos recibirán 16 euros por hora en 2026, 17 en 2027 y 18 en 2028, lo que supone una subida del 50% de la aportación autonómica.
La conselleira también destacó la colaboración de la Xunta en la elaboración del primer protocolo para la prevención de violencia laboral en el SAF, firmado por todas las partes. A través del ISSGA y del Servicio de Inspección de Servicios Sociales, profesionales y técnicos trabajaron con la Fegamp, organizaciones sindicales y empresariales, y el Colexio Oficial de Traballo Social.
Este protocolo establece un sistema integral para prevenir, detectar, gestionar y hacer seguimiento de cualquier episodio de violencia contra el personal del SAF, priorizando la protección de las trabajadoras y ofreciendo una respuesta rápida y coordinada entre todas las administraciones y entidades implicadas.
Los ejes principales del protocolo incluyen el refuerzo de la formación, la evaluación de riesgos, la comunicación temprana de incidentes, su registro y resolución, y actuaciones específicas ante todo tipo de violencia, incluida la violencia de género o sexual.
Fabiola García agradeció la disposición y colaboración de las partes y subrayó que el objetivo ahora es asegurar una aplicación efectiva, para lo cual es esencial el compromiso de los prestadores del servicio, ayuntamientos y empresas.
El protocolo establece un sistema progresivo de actuación frente a situaciones de violencia, desde la prevención hasta la respuesta ante agresiones, con pautas para anticipar riesgos, mantener la calma y reconducir conflictos, además de actuaciones específicas ante agresiones, priorizando la integridad física y emocional de las profesionales y apoyando la paralización de trabajos si la situación lo requiere.
El documento también subraya la importancia de que los ayuntamientos mantengan un registro unificado y se dé seguimiento a los incidentes para su evaluación y la adopción de medidas correctoras, incluyendo visitas, investigaciones y la revisión de las medidas preventivas y de protección.
