La no continuidad del secretario general de la Diputación de Pontevedra, tras más de cuatro décadas de servicio, ha provocado una fuerte polémica. Los socialistas interpretan esta medida como una "purga" y una represalia, mientras que el ejecutivo provincial rechaza tal acusación, argumentando que se trata de una reorganización necesaria para la adaptación tecnológica de la institución.

La portavoz socialista, Ana Laura Iglesias, señaló que la negativa a conceder una nueva prórroga al funcionario podría estar relacionada con sus reiteradas advertencias sobre supuestas irregularidades en procesos selectivos. Según el PSOE, el secretario había alertado por escrito de posibles vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que, a su juicio, motivó una decisión que califican de "cacicada".

Los socialistas también mencionaron que el secretario cuestionó modificaciones en las bases de promoción interna, que incluían una reducción del temario y un incremento de las plazas por esta vía. Además, apuntaron a la eliminación de funcionarios de otras administraciones en los tribunales de oposición como parte de una estrategia para reforzar el control político de los procesos internos.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, defendió la decisión como "legítima" y "plenamente justificada". Explicó que la no prórroga se enmarca en un proceso de reforma organizativa destinado a adaptar la institución al nuevo contexto digital y a reforzar la implantación de tecnologías en la administración.

Desde el gobierno provincial insistieron en que la prolongación del servicio activo es una medida excepcional y debe valorarse por su contribución al interés general. En este sentido, rechazaron cualquier vinculación de la decisión con las denuncias presentadas por el secretario o con los procesos selectivos, enmarcando la medida en un contexto de modernización y eficiencia.