Esta iniciativa, que entra en vigor este jueves, permitirá a estas personas acceder a una situación administrativa regular siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el real decreto. Según un estudio de la Asociación de Venezolanos en Pontevedra (Asovedra), esta cifra representa el número de potenciales beneficiarios en la ciudad.
A nivel autonómico, la Fundación Ciudadanía Global estima que unos 12.000 inmigrantes podrán beneficiarse de esta regularización en Galicia. Esta cifra contrasta significativamente con las estimaciones para otras comunidades autónomas más pobladas, como Cataluña (135.000), Madrid (90.000), Andalucía (60.000) y la Comunitat Valenciana (60.000).
El abogado César Alarcón, especialista en extranjería y director del despacho Dura Lex Extranjería en Pontevedra, explicó que el real decreto, publicado en el BOE el miércoles, abre la puerta de la regularización a quienes hayan solicitado protección internacional antes del 1 de enero o a quienes se encontraran en situación irregular desde antes de esa fecha. Los solicitantes deben ser mayores de edad, haber permanecido en España cinco meses consecutivos antes de la solicitud, aportar un documento identificativo y carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia de los últimos cinco años.
“"Esta regularización era necesaria y no puede haber efecto llamada porque los posibles solicitantes ya están en España."
Alarcón subraya que uno de los principales desafíos para los solicitantes será la obtención del certificado digital para la presentación en línea, lo que probablemente los llevará a buscar ayuda en asociaciones, entidades colaboradoras, gestores administrativos o abogados. Además, la obtención y legalización de los antecedentes penales del país de origen puede ser un obstáculo, aunque el decreto permite una declaración responsable y la solicitud diplomática por parte del Gobierno.
La autorización concedida tendrá una vigencia inicial de un año, permitiendo residir y trabajar en todo el territorio español. Para aquellos con hijos menores o mayores dependientes, la solicitud podrá presentarse simultáneamente para ellos, y sus autorizaciones tendrán una vigencia de cinco años. Tras el primer año, los beneficiarios podrán optar a otros permisos de extranjería o, excepcionalmente, a una prórroga de un año más, acreditando la búsqueda activa de empleo o un informe de esfuerzo de integración.
Los venezolanos que ya contaban con un permiso de residencia por razones humanitarias deberán solicitar la residencia automática por cuatro años más, siempre que cumplan los requisitos de la modificación del artículo 191 de la ley de extranjería, como tener trabajo o cotizar al menos 90 días en el año anterior. Este cambio se debe a la entrada en vigor del Estatuto de Protección Internacional Europeo en junio.
La presentación presencial de las solicitudes en la provincia de Pontevedra se realizará en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vigo (calle García Barbón, 72), con cita previa y en un horario específico de 16:30 a 19:30 horas. También se podrá presentar documentación en las oficinas de Correos de Pontevedra y Vigo.
C.D., una joven colombiana de 28 años residente en Pontevedra, es un ejemplo de los potenciales beneficiarios. Llegó a España buscando seguridad y oportunidades, siguiendo a sus padres y hermano que emigraron hace nueve años. Para ella, esta regularización no es solo un trámite, sino una forma de obtener "identidad y, sobre todo, tranquilidad para poder avanzar".
