La resolución del Contencioso-administrativo deja sin efecto el decreto de la Alcaldía que formalizaba el cese de la trabajadora del puesto de la Tesorería General. Este fallo judicial implica que el Concello de Ourense debe proceder a la readmisión de la empleada de forma inmediata, además de reconocer su derecho a percibir todos los efectos económicos y administrativos correspondientes.
El gobierno municipal anunció su intención de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
“"Esta sentencia es una nueva condena al método DO, ya que deja en evidencia que no había motivos técnicos sino persecución política."
El BNG, a través de su portavoz Luis Seara, criticó la decisión del gobierno local, afirmando que la política de personal del alcalde Jácome se basa en "amenazas, acoso e intimidación a todas aquellas funcionarias y funcionarios que no se pliegan a sus intereses y se limitan a ejercer con independencia su trabajo". El grupo nacionalista solicitó que sea el propio alcalde quien asuma las consecuencias económicas que sus decisiones, anuladas por la justicia, tienen para las arcas municipales.
