La resolución judicial, que no es una simple opinión, sino el dictamen de un magistrado, subraya que el regidor de Ourense no cumple con la exclusividad que su cargo y salario exigen. Según el auto, Jácome compatibiliza sus funciones públicas con actividades privadas sin contar con el permiso del pleno del Ayuntamiento de Ourense, tal y como exige la legislación vigente.

Esta situación ha llevado a la imputación del alcalde por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, que podría acarrear una pena de inhabilitación de entre 9 y 15 años. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Pérez Jácome ha minimizado la importancia del auto judicial, calificándolo de “papel mojado” y asegurando que las acusaciones carecen de fundamento.

El magistrado, con el código penal en la mano, se dirige al que algunos llaman el “sheriff” de Ourense, quien, según la percepción popular, suele actuar por encima de las normas. La cuestión central que se plantea es si el alcalde debería dimitir o si es aceptable que se defienda mientras continúa en su cargo. También se debate si la oposición debería formar un gobierno de urgencia hasta las elecciones municipales de mayo de 2027, o esperar a que la justicia resuelva el caso.