La cita previa, implementada durante la pandemia, se ha consolidado como un requisito indispensable para acceder a numerosos servicios públicos en la ciudad de Ourense, generando importantes retrasos. Mientras que en otros puntos de la provincia como O Barco de Valdeorras o Verín los plazos son mínimos, en la capital ourensana la espera para obtener o renovar el DNI puede extenderse casi un mes, con fechas disponibles a partir del 6 de mayo. Esta situación sitúa a Ourense como la segunda ciudad gallega con mayor lista de espera para este documento, solo superada por Santiago de Compostela.

En el ámbito de extranjería, la obligatoriedad de la cita previa también presenta dificultades, especialmente para trámites como la petición de asilo, donde el acceso telemático no es efectivo y la gestión telefónica resulta compleja. Otros organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Dirección General de Tráfico (DGT) registran esperas medias de alrededor de cuatro días, aunque la cita sigue siendo esencial, con la excepción de los mayores de 65 años en la DGT que pueden acudir sin ella.

La delegación de Hacienda, por su parte, muestra mayor agilidad, permitiendo obtener cita para el día siguiente en la mayoría de las oficinas de la provincia gracias a la digitalización. Sin embargo, el Registro Civil en Ourense presenta uno de los mayores desafíos, con plazos que se extienden hasta el 5 de mayo para matrimonios y hasta el 1 de junio para otros procedimientos, lo que implica semanas de espera para gestiones consideradas esenciales.

En contraste con esta realidad, la Xunta de Galicia asegura garantizar la atención presencial sin necesidad de cita previa en sus oficinas de atención ciudadana y en el registro del sector público. Para la administración autonómica, la cita es voluntaria y funciona como una herramienta organizativa, no como un requisito imprescindible, lo que evidencia un sistema desigual entre las administraciones estatal y autonómica.