La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha estimado los recursos presentados por la funcionaria y por el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros. La decisión judicial implica la anulación del decreto dictado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en enero de 2024, que apartó a Rodríguez Tourón de su cargo.
La sentencia, emitida por la magistrada María Paz Rumbao, desmonta los argumentos esgrimidos por el Concello, que justificó el cese por una supuesta “falta de idoneidad técnica y una actitud obstruccionista”. La jueza concluye que no se ha acreditado ninguna merma en las cualidades profesionales de la tesorera, rebajando los incidentes a meras “discrepancias de carácter técnico” en su labor de control.
“"La tesorera ralentiza todo, es muy tiquismiquis, más que un notario."
Uno de los episodios clave fue el rechazo de la Tesorería a tramitar el reintegro de una subvención del Ministerio de Fomento. El Concello acusó a la funcionaria de “formalismo extremo”, pero la jueza, avalada por un informe del Ministerio de Hacienda, da la razón a la tesorera, subrayando la obligación legal de verificar la identidad de los interesados y la necesidad de “extremar el celo” tras detectarse errores previos en la Concejalía de Hacienda.
La resolución también tumba la acusación de generar retrasos injustificados en la elaboración de la liquidación de los presupuestos anuales. La funcionaria probó que la demora se debía a la falta de personal y a la recepción de órdenes para contabilizar gastos fuera de los plazos legales. La magistrada recalca que la discrecionalidad del alcalde en puestos de libre designación tiene límites y requiere una motivación real y fundamentada.
A pesar del fallo judicial, que impone al Concello el pago de las costas procesales, el gobierno local ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), confirmando que no acatará la decisión de forma definitiva.
