La judicialización de la vida política, una estrategia que Gonzalo Pérez Jácome empleó intensamente durante sus años en la oposición en Ourense, parece volverse en su contra. Tras años de denuncias y absoluciones, el regidor se enfrenta ahora a una imputación por presunta prevaricación continuada, un revés judicial que lo acerca a la posibilidad de ser juzgado.

La imputación deriva de su supuesta compatibilización de ingresos públicos y privados sin haber solicitado la preceptiva autorización al pleno municipal. Según el magistrado instructor, esta acción se realizó a sabiendas de su “injusticia” y del “grave daño” para las arcas públicas. Jácome, quien se mostró “sorprendido” en redes sociales, defiende que la solicitud de compatibilidad para su televisión, Auria TV, es innecesaria y ha anunciado que apelará la decisión ante la Audiencia Provincial.

A lo largo de su carrera política, Jácome ha acumulado numerosas denuncias, de las cuales ha salido indemne en muchas ocasiones. Entre los casos más destacados, fue absuelto de un delito leve de coacciones en 2019, de una denuncia por presunta malversación en 2022 y de un delito leve de maltrato de obra en 2023. Además, en 2024, la Fiscalía archivó diligencias por prevaricación relacionadas con las obras de las rampas mecánicas en la calle Concordia. También se archivó en 2025 una causa sobre audios que aludían a supuestas corruptelas, declarando la magistrada la “ilicitud y nulidad” de las grabaciones.

Sin embargo, la situación actual es diferente, ya que la imputación por prevaricación continuada podría acarrear una inhabilitación de entre 9 y 15 años. La decisión final sobre si Jácome se sentará en el banquillo de los acusados recaerá en los magistrados de la Audiencia Provincial, una vez resuelto el recurso presentado por la defensa del alcalde. Mientras tanto, la oposición en el Ayuntamiento de Ourense exige explicaciones e incluso la dimisión del regidor.