La tarea de regularizar la situación de aproximadamente medio millón de personas en España, de las cuales unas 4.000 residen en Ourense, supone un desafío monumental. Este proceso, que se extiende hasta el 30 de junio, está poniendo a prueba la capacidad de la Administración y de las organizaciones sociales.

La obtención de ciertos documentos, como el certificado de antecedentes penales, varía en dificultad según el país de origen. Mientras que en Colombia es relativamente sencillo, desde Venezuela se describe como un auténtico tormento, según señala el responsable de Cáritas Ourense, José Ángel Feijóo Mirón.

Uno de los efectos más notables en Ourense es que las entidades sociales están asumiendo un papel protagonista, cubriendo el vacío de la Administración. No solo informan sobre el proceso, sino que también desmienten bulos y gestionan trámites de forma gratuita. Esta situación genera una responsabilidad legal para los tramitadores, que se ven en la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil.

Además, el proceso de regularización ha dado lugar a un mercado negro de citas, con precios que alcanzan los 1.200 euros, según advierte la Fundación Juan Soñador. A pesar de las dificultades, la obtención de la legalidad representa para muchos migrantes, como la venezolana Karla Kerina Rojas, "un alivio y una oportunidad gigante".

La situación actual genera interrogantes sobre la eficiencia de la Administración pública española, cuya burocracia tradicional contrasta con la urgencia y el volumen del proceso migratorio en curso.