La decisión del regidor orensano llega después de que la empresa paralizara las obras a principios de marzo, justificando su acción por la "falta de pagos" por parte de la administración local. Según un comunicado de la adjudicataria publicado en el diario La Región, las deudas pendientes de noviembre, diciembre y enero hacían "inviable el mantenimiento de suministros, maquinaria y personal".

La paralización de las obras generó críticas no solo entre los vecinos de la zona, sino también por parte de los tres partidos de la oposición –PP, PSOE y BNG–, que presentaron una moción conjunta en el último pleno extraordinario para exigir explicaciones a Pérez Jácome. Sin embargo, el alcalde rechazó la inclusión de esta moción en el orden del día, acogiéndose a la normativa municipal.

Ahora, Jácome indicó que el Ayuntamiento "procederá a la retención de avales" y a "imponer las sanciones pertinentes a la empresa" para "hacerla responsable de todas las pérdidas que se puedan ocasionar", incluyendo posibles pérdidas de subvenciones. Además, el gobierno municipal valora solicitar la prohibición de que la empresa concesionaria "pueda seguir contratando con cualquier administración pública en toda España durante cinco años".

El regidor aseguró que el gobierno local "trabaja en la continuación inminente" de las obras, con la expectativa de retomarlas "a lo largo de la próxima semana", más de un mes después de su interrupción. Los servicios técnicos municipales consideran que, dado el estado actual de la calle, parte de la obra podría ser contratada mediante un "procedimiento de emergencia" para agilizar la adjudicación.

Por otro lado, el grupo municipal del BNG en Ourense criticó duramente la gestión del gobierno local, acusándolo de convertir el Ayuntamiento en el "paraíso de los pufos". El portavoz local, Luís Seara, denunció la supuesta "falta de pagos" a trabajadores del servicio de grúa correspondientes al mes de marzo, ascendiendo a "cerca de los 2.400 euros que se le deben a cada uno de los trabajadores".