La situación se desencadenó tras un comunicado firmado por el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, y otros cargos socialistas en diciembre, pidiendo la salida de José Tomé. La denunciante declaró que este hecho fue el "detonante" para presentar una denuncia interna en el PSOE, afirmando "Ahí fue cuando dije: ‘No puedo más’".

La exedil señaló que el apoyo a las víctimas, mencionado en el manifiesto, no se sintió cuando comunicó al alcalde en julio de 2024 que otro miembro del gobierno le había enviado mensajes "fuera de tono". A pesar de que se hizo lo posible para que el remitente dimitiese como concejal en septiembre, la denunciante ya estaba de baja por un trastorno de ansiedad, motivado, según sus palabras, porque el alcalde le dijo que la cesaría si hacía público lo ocurrido.

Tras su reincorporación en enero de 2025, la exedil aseguró notar "presiones y supuestas coacciones del alcalde", lo que la obligó a volver a coger la baja. La demanda interpuesta pide una indemnización de 97.238 euros por daños morales y lucro cesante.

Otras cinco concejalas también dejaron su cargo, argumentando que "sentimos que la víctima no fue arropada por su superior". Por su parte, José Manuel Morgade, quien permaneció en el gobierno, consideró la dimisión como "la medida más drástica que se puede tomar".

Las defensas argumentaron durante la vista que el caso no es competencia de la jurisdicción social y que ya ha prescrito.