La provincia de Ourense se encuentra en el ecuador de un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que está generando largas colas y atascos. Ante esta situación, organizaciones del tercer sector han surgido para ofrecer su apoyo, organizando sesiones informativas y gestionando certificados de vulnerabilidad, clave para muchos solicitantes.

Estas entidades han creado una red coordinada, con la colaboración de la Diputación de Ourense, con el objetivo de agilizar los trámites. No obstante, también se enfrentan a campañas de desinformación y a redes que acaparan citas administrativas. Según fuentes de Cruz Roja, cada persona que busca información tramita expedientes para tres o cuatro miembros de su familia, lo que dificulta el cálculo exacto de solicitantes. Solo en mayo, la organización atendió a 150 personas, sumándose a otras cien en el CDR O Viso en la comarca de A Limia. Organizaciones como Xarela, Cáritas, la fundación Juan Soñador y Alma Llanera registran cifras similares, estimando unas 545 personas atendidas en el primer mes.

Mari Carmen Alonso, de Cáritas, señala que la red busca que cada persona encuentre lo que necesita, pero lamenta que las administraciones no extiendan más su ayuda. "Nuestra misión es estar donde no esté la Administración, pero en ningún caso sustituirla", afirma.

El certificado de vulnerabilidad es esencial para quienes no disponen de una oferta de trabajo o familiares en España. La intervención de estas entidades ha aliviado la carga de muchas oficinas municipales. Camilo Vila, del CDR O Viso, explica que colaboran con Extranjería para atender a la comarca de A Limia, recibiendo 50 solicitudes solo en la primera semana. El centro cuenta ahora con un equipo de cuatro personas dedicadas a esta tarea.

Otro punto de atasco son los certificados de nacimiento y antecedentes penales de los países de origen. Nuria García, coordinadora de la Fundación Juan Soñador, reconoce que los consulados y embajadas operan a "otras velocidades", lo que alarga los procesos. Lorenzo González, portavoz de Alma Llanera, añade que "hay documentos que están caducando mientras esperan por otros", especialmente el certificado de antecedentes penales, que requiere la Apostilla de La Haya, un sello internacional que ralentiza aún más el procedimiento.

La normativa exige que la documentación oficial se envíe a través de oficinas de Correos en poblaciones de más de 50.000 habitantes, convirtiendo la oficina de Ourense en la ventanilla única provincial. Para evitar la sobrecarga, el tercer sector recomienda y ayuda a digitalizar la documentación y tramitar online. "Intentamos que se haga con el certificado digital", comenta Nuria García, "aunque a veces cuesta obtenerlo. Es un proceso en el que acompañamos al solicitante, porque siempre decimos que el trámite es de la propia persona y nosotros somos como asesores".