El 98% de la superficie forestal de la provincia de Ourense, que asciende a unas 500.000 hectáreas, se encuentra en manos privadas. Un recorrido por las carreteras secundarias y municipales de la provincia revela una realidad preocupante: grandes acumulaciones de hierbas y matorrales invaden los márgenes de las vías, llegando a cubrir el asfalto y con ramas de árboles que invaden las calzadas.

Esta situación de abandono, sin una legislación clara que obligue a la limpieza de los terrenos privados, deja a la provincia expuesta a incendios, reviviendo los temores del verano pasado. El convenio principal de la Xunta de Galicia se centra en la gestión y desbroce de la maleza en las franjas secundarias alrededor de las aldeas, hasta 50 metros de las viviendas.

Sin embargo, las áreas más alejadas de estas franjas quedan sin gestión, dependiendo únicamente de sus propietarios. Muchas veces, estos terrenos pertenecen a entidades sin gestión activa o a herederos desconocidos, lo que impide a la administración pública intervenir, dejando las propiedades abandonadas y aumentando el riesgo de propagación de fuegos hacia las carreteras y núcleos poblacionales.

Este escenario representa un peligro para la viabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para la producción de miel, castañas y vino, y para los bosques autóctonos. Los productores ya sufrieron pérdidas significativas en la oleada de incendios del año pasado y temen que la situación se repita este verano. A pesar de la dispersión de los núcleos de población en Galicia, especialmente en Ourense, la mayor parte del terreno rural carece de una normativa de tratamiento.

De las cerca de 3,6 millones de parcelas particulares en la provincia, más de 3 millones se encuentran fuera de las franjas de seguridad de las aldeas. La Consellería de Medio Rural indica que el 98% de las 500.000 hectáreas forestales de Ourense son privadas, siendo la mitad montes vecinales. El monte comunal ourensano, con casi 280.000 hectáreas, constituye el 42% de la extensión de estas características en toda Galicia.

La situación es especialmente crítica en vías de municipios como Nogueira de Ramuín, donde las ramas invaden la calzada y la maleza cubre señales de tráfico y rutas de senderismo, incluso cerca de atractivos como el monasterio de Santo Estevo. Esta densa vegetación, aunque visualmente atractiva, se convierte en una trampa mortal en caso de incendio, como el ocurrido en Portugal en 2017, donde 64 personas fallecieron al quedar atrapadas por el fuego en las carreteras.

Los sectores más afectados son las explotaciones agrarias y ganaderas, así como los viñedos, ubicados fuera de las aldeas y, por lo tanto, más desprotegidos. A pesar de los cortafuegos existentes, los incendios del año pasado causaron grandes pérdidas. El sector de la miel también sufrió, con apicultores denunciando la falta de prevención durante el invierno y el retraso en las ayudas prometidas por la Xunta.

En cuanto a los espacios naturales protegidos, la afectación fue elevada en la oleada de incendios de 2025. En zonas como Casaio (Carballeda de Valdeorras), la pérdida de patrimonio natural fue drástica. El plan de la Xunta para estas áreas incluye la creación de cortafuegos, mejora de pistas forestales y tratamientos silvícolas preventivos.