El Concello de Ourense se enfrenta a la aprobación de una serie de sentencias judiciales que lo obligan a saldar deudas pendientes con proveedores. Esta situación evidencia la consolidación de la vía judicial como método principal de cobro, en un contexto donde la ciudad registra una deuda comercial de 27 millones de euros.
Uno de los expedientes más significativos afecta a la constructora Petrolam Infraestructuras. Un auto judicial ordena el abono inmediato de 1.278.115,31 euros por las obras del parque Coto de Canedo. De esta cantidad, más de 54.000 euros corresponden a intereses de demora y recargos por el retraso en el pago.
La inacción administrativa también se traduce en condenas a favor de otras empresas. HPC Ibérica S.A. recibirá 47.401,74 euros únicamente en concepto de intereses de demora, tras el retraso en el pago de un principal de 242.980 euros por instalación de juegos infantiles.
Además, la firma Novavial ha obtenido resoluciones favorables para el cobro de intereses y gastos legales por proyectos como la reparación de la rúa Remedios, el acondicionamiento del paseo fluvial del Miño y las obras del paseo de Oira.
Los informes técnico-jurídicos recomiendan acatar todas estas resoluciones judiciales para evitar mayores perjuicios económicos para las arcas municipales.
