Este acuerdo, que llega un año después del informe desfavorable de la Xunta del 13 de junio de 2025, otorga un plazo de dos meses a la adjudicataria para corregir el documento y reactivar un expediente urbanístico paralizado desde entonces.

Los trabajos deberán subsanar los “errores de notable entidad” señalados por la Xunta, debidos en gran parte a las modificaciones unilaterales que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, introdujo por decreto en 2021, medidas para un Plan General que exigen Planes Especiales (PERI).

Asimismo, se actualizarán datos demográficos desfasados desde 2011, se incorporará el estudio económico exigido por Intervención para evitar indemnizaciones millonarias y se justificará la accesibilidad de los parques del Miño, tildados por la Xunta de “acto de fe”.

Esta parálisis mantiene a Ourense sujeta al plan de 1986, con una norma del siglo pasado tras anular el Supremo el PXOM de 2003 en marzo de 2011 por duplicidad de planos. Si se cumplen los plazos, el texto volvería después del verano a la Xunta, que tendría tres meses para revisarlo antes de regresar al pleno.