La efervescencia del sector del ladrillo en la provincia de Ourense ha tenido un impacto directo en las arcas públicas. A pesar de las medidas fiscales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, el encarecimiento de los activos inmobiliarios ha provocado que la recaudación por impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados alcanzase los 32,07 millones de euros, un incremento del 20,4% respecto al año anterior.

La evolución es especialmente significativa si se compara con el periodo previo a la pandemia. En 2019, la recaudación autonómica se situaba en 21,3 millones, lo que supone un crecimiento del 50% en apenas un lustro. El motor principal de este incremento ha sido el impuesto que grava la venta de bienes usados, mientras que la partida de Actos Jurídicos Documentados experimentó un repunte del 38%, impulsada por la mayor cuantía de las hipotecas suscritas por los compradores ante el aumento de los precios.

Por su parte, la administración estatal también ha registrado cifras máximas. Las retenciones sobre arrendamientos urbanos, sumando el IRPF y el impuesto de Sociedades, han superado por primera vez los 15,6 millones de euros. Esta tendencia refleja el fuerte aumento de las rentas mensuales, que obligan a muchos ciudadanos a optar por el alquiler ante la dificultad de adquirir una vivienda en propiedad.

En conjunto, el sector inmobiliario ourensano inyecta anualmente cerca de 48 millones de euros en impuestos directos. Este escenario se sustenta en un volumen de transacciones que creció un 23% durante el último año, mientras que el precio del metro cuadrado se situó en los 1.063 euros, consolidando el mejor ejercicio inmobiliario en la provincia desde 2008.