El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, a un paso del juicio oral por prevaricación

La Fiscalía y la acusación particular formalizan los escritos para la apertura del proceso judicial contra el regidor por compatibilizar actividades.

Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa de madera en un juzgado.
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Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa de madera en un juzgado.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo tras ser imputado por prevaricación, atribuida a la compatibilidad de su actividad pública y privada sin el debido permiso.

La Fiscalía y la acusación particular ya están elaborando sus escritos para la apertura del juicio oral. Esta situación surge de la omisión de Jácome al no solicitar la compatibilidad entre su dedicación exclusiva como regidor y sus actividades profesionales, incluida la dirección de su televisión local.
Don Luis, portavoz del BNG, expresó la incertidumbre que vive la ciudad y subrayó que existen indicios sólidos de prevaricación, algo que su partido lleva alertando más de cinco años. Según el BNG, Jácome, quien era consciente de la incompatibilidad, debería haber dimitido hace tiempo, especialmente al haber sido protagonista de audios veraces y haber sido condenado por acoso a funcionarios.

"Esta situación daña la imagen de Ourense, conocida más por la corrupción que por su potencial. El BNG trabaja para ofrecer una alternativa que devuelva el orgullo a la ciudadanía."

Don Luis · Portavoz del BNG
El magistrado de instrucción de Ourense concluyó la investigación y ordenó el juicio oral, destacando que no se cuestiona la compatibilidad en sí, sino la omisión de su solicitud al pleno. El juez subraya que Jácome conocía el posible perjuicio a las arcas públicas al percibir un salario sin la compatibilidad reconocida.
Esta situación coincide con una sentencia que anula el cese de la tesorera municipal, una decisión que el ayuntamiento recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El BNG interpreta esta resolución como una condena al método de gobierno de Jácome, que, según ellos, premia a afines y acosa a profesionales, recayendo los costes de las condenas en los vecinos.