La imputación deriva de su supuesta compatibilidad entre su actividad pública como regidor y la dirección de su televisión local, sin contar con la debida autorización. El juez instructor le atribuye un delito por no solicitar el permiso necesario para estas actividades, a pesar de que el Ayuntamiento de Ourense ya le instó en 2021 a renunciar a su sueldo por incompatibilidad.
El auto judicial subraya que Jácome era consciente del posible perjuicio para las arcas municipales. Un decreto fiscal de mayo de 2024 ya había advertido sobre la situación irregular, pero el líder de Democracia Ourensana se amparó en un informe jurídico que el tribunal considera sin rigor.
“"La situación actual daña la imagen de Ourense, conocida más por la corrupción que por su potencial."
La oposición política, incluyendo el BNG, exige la dimisión del alcalde, lamentando la imagen que proyecta un regidor en el banquillo de los acusados. El portavoz del BNG, Luis Seara, denunció la incertidumbre que vive la ciudad y subrayó que su partido lleva más de cinco años alertando sobre los indicios de prevaricación. Esta situación, según Seara, es el momento más difícil para Jácome y perjudica la reputación de la ciudad.
Además, el BNG interpreta una reciente sentencia que anula el cese de la tesorera municipal como una condena al método de gobierno de Jácome, que, según ellos, premia a afines y acosa a profesionales, recayendo los costes de las condenas en los vecinos.
