La decisión judicial, emitida por el magistrado Leonardo Álvarez, establece que no se han encontrado pruebas que acrediten que la adquisición de material técnico para grabar eventos municipales o la contratación de un asesor para tales funciones constituyan un delito. La querella había sido presentada por un exconcejal de Democracia Ourensana.
El juez subrayó que, aunque pueda existir un “trato preferencial” del Ayuntamiento de Ourense hacia la televisión del alcalde, esta cuestión debe ser debatida en el pleno municipal. Cualquier desacuerdo con las decisiones tomadas en ese ámbito debería ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, considerada más adecuada para resolver este tipo de controversias.
“"No se ha acreditado que los hechos investigados sean contrarios al ordenamiento jurídico penal. Comprar material técnico para grabar actuaciones relacionadas con el Ayuntamiento o contratar a un asesor para encargarse, entre otras funciones, de realizar tales grabaciones en ningún caso es constitutivo de delito."
La querella cuestionaba específicamente la compra de dos cámaras en junio de 2020 por un valor de 8.698,04 euros, supuestamente destinadas a Auria TV, propiedad del regidor. Sin embargo, el magistrado consideró que las pruebas aportadas no eran suficientes para afirmar que las grabaciones se hiciesen exclusivamente para dicho canal, destacando el interés público que estas tienen para la ciudadanía ourensana.
En cuanto a la contratación de un asesor municipal, que el querellante alegaba que desempeñaba funciones para Auria TV, el juez indicó que no se ha practicado ninguna prueba para acreditar esta circunstancia. El testimonio del asesor confirmó que sus funciones son exclusivamente para el Ayuntamiento de Ourense desde 2019, incluyendo la realización de grabaciones, lo que tampoco se considera contrario a la ley penal. No obstante, la compatibilidad entre el cargo de alcalde y la propiedad de Auria TV es objeto de otras diligencias previas.
