El magistrado Leonardo Álvarez, de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. La decisión judicial surge tras una querella presentada por un exconcejal de Democracia Ourensana, que denunciaba la supuesta adquisición de material técnico con fondos municipales para la televisión privada Auria TV, propiedad del regidor.
Según el auto judicial, “no se acreditó” que los hechos investigados “sean contrarios al ordenamiento jurídico penal”. El juez subrayó que la compra de material técnico para grabar actuaciones relacionadas con el Ayuntamiento o la contratación de un asesor para realizar tales grabaciones “en ningún caso es constitutivo de delito”. La querella cuestionaba la adquisición en junio de 2020 de dos cámaras por 8.698,04 euros, supuestamente utilizadas para fines privados en Auria TV.
“"A juicio de este instructor se antoja totalmente razonable que el Concello de Ourense adquiera material técnico adecuado para realizar grabaciones de actos que guardan relación con el Concello y que son de interés para los ourensanos teniendo en cuenta la importancia que hoy en día tienen las redes sociales."
El magistrado consideró que la prueba aportada no era “en absoluto suficiente para afirmar que las grabaciones se hicieran para ser emitidas exclusivamente por Auria TV”, destacando el “indudable” interés que estas grabaciones tienen para la ciudadanía ourensana. Además, el juez tampoco vio acreditado que se contratara a un asesor en el Ayuntamiento de Ourense para desempeñar funciones en Auria TV, ya que “ninguna prueba se practicó al objeto de acreditar esta circunstancia”.
En cuanto al posible “trato preferente que desde el Ayuntamiento de Ourense se le pueda estar dando a la televisión del alcalde”, el juez señaló que esta cuestión debe ser debatida en el pleno municipal. Si las decisiones tomadas no son del agrado de algún concejal, deberán ser impugnadas ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, que son “mucho más adecuados para dar respuesta a dicha cuestión”.




