La querella, presentada por un exconcejal de Democracia Ourensana, cuestionaba la supuesta compra de material técnico con fondos municipales para la televisión privada Auria TV, propiedad del alcalde, y la contratación de un asesor encargado de realizar grabaciones para la misma. El juez, sin embargo, no encontró indicios de delito.

El magistrado recalca que la adquisición de material técnico, incluyendo dos cámaras por 8.698,04 euros en junio de 2020, puede tener un interés legítimo para la ciudadanía, más allá de su posible utilización en Auria TV. Según el juez, “es totalmente razonable que el Concello adquiera material para grabar actos de interés para los ourensanos, teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales”.

En cuanto al asesor municipal, el juez señala que no se ha demostrado que haya trabajado para Auria TV. Desde 2019, sus funciones son exclusivamente para el Concello, incluyendo la realización de grabaciones institucionales, lo que no contraviene el derecho penal. La resolución aún no es firme, ya que permite la apelación ante la Audiencia Provincial.