Esta decisión llega después de que la alcaldesa, Cristina Correa (PP), asegurara que el gobierno local cumpliría con la resolución judicial. El requerimiento, fechado el 31 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, fue emitido en "estricto cumplimiento" de la diligencia judicial del 12 de marzo, tras el auto del 23 de febrero.
Sin embargo, fuentes cercanas al procedimiento señalan que este requerimiento no especifica un plazo concreto para llevar a cabo el derribo ni contempla sanciones en caso de incumplimiento.
Resulta especialmente significativo que dicho requerimiento no establece ningún plazo concreto para su ejecución, ni contemple sanciones en caso de incumplimiento, ni tampoco haga referencia a la paralización de la actividad, a diferencia de lo que habitualmente se exigiría en cualquier otro establecimiento en situación irregular con orden judicial de demolición.
A pesar de que el Ayuntamiento recurrirá esta orden, la alcaldesa ya había manifestado a Europa Press su intención de acatar el mandato judicial, subrayando que la mayoría de los vecinos del municipio defienden la continuidad del complejo.
