La parlamentaria nacionalista calificó la situación actual del área minera como "una amenaza permanente para la seguridad de las personas, los ecosistemas fluviales y la pesca y el marisqueo de la ría de Muros y Noia", recordando que la Xunta acordó la caducidad de las concesiones en el año 2025.
Pérez denunció que "no se han cumplido las obligaciones legales por parte de la concesionaria, muy especialmente la referida a la restauración ambiental", señalando la acumulación de "inmensos pasivos ambientales". Entre ellos, mencionó escombreras, galerías abandonadas, vertidos continuados de aguas contaminadas y dos balsas de residuos mineros "en estado de abandono y con un riesgo ambiental acreditado" por informes oficiales de 2017.
La diputada repasó la "nefasta gestión histórica" de la mina, con más de veinte concesiones vigentes hasta 2066 pero con un largo período de inactividad entre 1990 y 2009. Criticó que la Xunta aprobara en diciembre de 2009 los proyectos de explotación y restauración sin que la empresa presentase el preceptivo estudio de impacto ambiental.
También se refirió a la autorización de vertidos otorgada en 2023 a la empresa Tungsten San Finx, que fue revocada tras comprobar Augas de Galicia vertidos no autorizados con altas concentraciones de cadmio, cobre y zinc, lo que resultó en una sanción de 180.000 euros y una sentencia judicial que confirmaba la denuncia de Ecoloxistas en Acción.
“"No puede haber una nueva concesión si antes no se garantiza que todas estas irregularidades no vuelvan a producirse"
Pérez pide a la Xunta que aclare quién asume los costes de la restauración ambiental, cuál es el estado de las balsas de lodos y cómo se van a estabilizar o eliminar, qué influencia tienen los vertidos en la calidad de las aguas de la ría de Muros y Noia, y si se ha hecho algún estudio de riesgos ambientales, sociales y económicos para la ría y para el marisqueo antes de sacar a concurso la explotación.
