La Xunta defiende la normalidad administrativa de la plaza de Costas en Lugo

La consejera de Medio Ambiente rechaza cualquier vinculación entre la oferta de empleo y la situación política local.

Imagen genérica de un micrófono en un atril, representando una declaración pública.
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Imagen genérica de un micrófono en un atril, representando una declaración pública.

La consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió la "total normalidad administrativa" de la plaza de empleo público en Costas en Lugo, rechazando cualquier vinculación con la moción de censura en la ciudad.

Durante un acto público celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Pontevedra, la consejera desvinculó la convocatoria de la plaza en la Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo de la situación política local, subrayando que se trata de un procedimiento habitual en la Administración autonómica.
Los grupos municipales del PSOE y del BNG en el Ayuntamiento de Lugo habían solicitado previamente a la Xunta de Galicia que aclarara la convocatoria, sospechando que podría estar relacionada con el actual contexto político y con el apoyo a una moción de censura.

"Es un trámite administrativo que ni siquiera pasa por mí."

Ángeles Vázquez · Consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático
Ángeles Vázquez explicó que estas jefaturas de servicio no son de nueva creación, sino que forman parte de la estructura organizativa derivada de la asunción de competencias en materia de costas por la Xunta tras una resolución favorable del Tribunal Constitucional en 2024. La consejera desmintió que la plaza fuera creada específicamente para el momento actual.
Según detalló, en diciembre de 2024 se crearon tres jefaturas de servicio en las provincias gallegas con litoral, todas con requisitos técnicos y un alto nivel de responsabilidad. En el caso de Lugo, la plaza quedó desierta en varias ocasiones debido a su complejidad y carga de trabajo, y la convocatoria actual responde a la renuncia de la persona que ocupaba el puesto. La consejera insistió en que estos procesos son gestionados por funcionarios y no por decisiones políticas, defendiendo la transparencia del procedimiento.