La operación, que se produce tras la dimisión de la anterior alcaldesa socialista y la falta de mayoría absoluta en las últimas elecciones, ha sido defendida por altos cargos del PPdeG, incluido el presidente de la Xunta, quien la calificó como un mecanismo legal.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de controversia. Fuentes cercanas a la situación señalan que, aunque la dirección del partido no la desautorizó, la operación carece de homologación ética en comparación con otras mociones de censura. Esta crítica se basa en la concurrencia de agravantes como el transfuguismo y el fallecimiento de tres ediles socialistas, lo que añade una complejidad emocional al escenario político local.

Mientras tanto, el actual alcalde en funciones, Miguel Fernández, ya se ha postulado como candidato para las próximas elecciones municipales, contando con el respaldo del PSOE. En respuesta a la moción, la plataforma ciudadana Transfuguismo NON, Democracia SI convocó una protesta, a la que se sumaron figuras políticas como la regidora de A Coruña, Inés Rey, y el BNG. En contrapartida, se anunció la creación de la plataforma Salvemos Lugo, que apoya la moción.

La futura alcaldesa, Elena Candia, dispondrá de la maquinaria de la Xunta durante el año que le restaría de mandato. No obstante, la administración municipal de Lugo lleva 27 años acostumbrada a no depender en gran medida de San Caetano, lo que podría marcar un nuevo periodo en las relaciones entre ambas instituciones.