La vista judicial, celebrada este viernes, abordó la demanda de seis trabajadoras sociales del Concello de Lugo que acusan a la administración local de falta de tutela de sus derechos fundamentales, lo que les habría provocado daños morales y psíquicos. También denuncian la vulneración del principio de igualdad, tras una reducción en el complemento de productividad, y una actitud de acoso por parte de su última responsable política, la recién fallecida Olga López Racamonde, y de la jefa de servicio.
A pesar de la sugerencia del juez de buscar un acuerdo, dadas las circunstancias del fallecimiento de la concejala, las demandantes rechazaron la propuesta. Su objetivo, según su representante legal, es que cese el acoso que afirman sufrir también por parte de la jefatura del servicio y que sean resarcidas por los daños. Cada una de ellas solicita una indemnización de 30.000 euros.
Una de las peculiaridades del juicio fue la ausencia de declaraciones de las seis trabajadoras sociales demandantes. Por la parte demandante, solo testificó una compañera que lleva dos años de baja laboral, por lo que no vivió el período de mayor conflicto. El Concello, por su parte, presentó las declaraciones de la jefa de servicio y de la jefa de sección.
Las demandantes no aceptaron porque lo que buscan, según explicó su representante legal, es que cese el acoso que aseguran que sufren también por parte de la jefatura del servicio y que sean resarcidas por la administración del daño sufrido.
El conflicto se remonta a una denuncia interna por acoso laboral presentada por las trabajadoras en julio del año pasado contra la edil y la jefatura. Esta queja no fue analizada por el comité municipal hasta octubre, y su filtración pública antes de ser comunicada a las afectadas llevó a las trabajadoras a considerar que la administración no las protegió. Además, en diciembre, la jefa de servicio puntuó a toda la plantilla, asignando un 0 en el ítem de proactividad a las demandantes, lo que resultó en una reducción de su plus de productividad.
El origen del problema parece estar en la modificación del protocolo de trabajo tras una inspección de la Xunta, lo que, según las trabajadoras, incrementó la carga laboral y el control, empeorando el clima de trabajo. El Concello, sin embargo, defiende que el número de citas se mantuvo y que se priorizaron las primeras entrevistas, además de cubrir una plaza de filtro para aliviar la carga.
