La resolución judicial detalla que la afectada, que trabajaba como limpiadora, sufrió una caída el 19 de abril de 2017. Tras ser atendida en el servicio de Urgencias del hospital de Lugo, donde se le realizó una exploración neurológica y se le suturó una herida superficial, recibió el alta para seguimiento por su médico de cabecera.

Dos días después, la paciente regresó al hospital por dolores en el costado izquierdo y en el hombro derecho. Le realizaron un TAC craneal y una radiografía, que no revelaron fracturas. En los controles posteriores, los facultativos observaron una curación lenta y persistencia del dolor costal. En octubre, una ecografía del hombro derecho diagnosticó una rotura del tendón del músculo supraespinoso. Un mes más tarde, fue atendida en Traumatología para ser remitida a rehabilitación.

En enero de 2018, una resonancia magnética confirmó el diagnóstico, y en abril fue derivada a la Unidad de Artroscopia para valoración, sin que se iniciara el tratamiento rehabilitador. Ante esta situación, la mujer acudió a un centro privado entre enero y marzo de 2019, donde recibió diez sesiones y experimentó mejora. Posteriormente, comenzó la rehabilitación en el hospital público.

En abril de 2019, una nueva resonancia magnética y un TAC evidenciaron una artropatía degenerativa acromio-clavicular, una estenosis subacromial y la rotura del tendón supraespinoso. A pesar de la evolución positiva de estas lesiones, en junio de 2020 se presentó una reclamación patrimonial contra el Sergas por la deficiente asistencia y la demora de dieciséis meses en el tratamiento.

El Sergas negó inicialmente el nexo causal, y el Contencioso le dio la razón. Sin embargo, el caso fue elevado al TSXG, que apreció una "pérdida de oportunidad terapéutica" y concluyó que hubo "dos claras anomalías: el retraso del tratamiento rehabilitador y la omisión de examen por la unidad de artroscopias, a la que fue derivada para valorar una posible cirugía que no se realizó".