El PP registra moción de censura en Lugo con apoyo de edila no adscrita

La iniciativa busca desbancar al gobierno bipartito local, generando controversia y acusaciones de posible trato de favor.

Imagen genérica de un micrófono en un atril durante una rueda de prensa.
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Imagen genérica de un micrófono en un atril durante una rueda de prensa.

El Partido Popular ha presentado formalmente una moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo, con el respaldo de sus concejales y de una edila no adscrita, con el objetivo de desalojar al actual gobierno bipartito.

La moción de censura, que cuenta con las firmas de doce concejales del Partido Popular y de la edila no adscrita, ha sido registrada formalmente en el consistorio lucense. Esta acción podría provocar la caída del gobierno local, actualmente en manos de una coalición de socialistas y nacionalistas.
La edila no adscrita, quien recientemente abandonó el grupo municipal del PSdeG, es una figura clave en esta operación. El viceportavoz del grupo municipal del Partido Popular y portavoz en la Diputación fue el encargado de formalizar la presentación del documento.

"Si se confirma que hay un trato de favor para poder comprar a una tránsfuga, estamos hablando de un delito grave de corrupción. Si se confirma eso, tal y como hay indicios en este momento, nosotros entendemos que tendrá que actuar la Fiscalía."

el teniente de alcalde y portavoz del BNG
En respuesta a esta situación, el teniente de alcalde y portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Lugo expresó su preocupación. Afirmó que el partido nacionalista estará vigilante ante la cobertura de una plaza convocada por la Xunta en la capital lucense, cuyos requisitos podrían ajustarse al perfil de la edila no adscrita. El portavoz advirtió que, de confirmarse un trato de favor, la Fiscalía debería intervenir.

"Pueden acabar personas en los tribunales. Es un golpe de estado municipal."

el teniente de alcalde de Lugo
Desde su punto de vista, esta moción de censura representa un «gran escándalo» y una «situación asquerosa», calificándola como un «golpe de estado municipal» que podría llevar a implicados ante los tribunales.