El Concello de Lugo, condenado a indemnizar a seis trabajadoras por "acoso indirecto"

Un juzgado de Lugo ha dictaminado que el Concello deberá pagar 65.000 euros a seis trabajadoras sociales por vulneración del derecho a la igualdad.

Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa de madera en un juzgado.
IA

Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa de madera en un juzgado.

El Juzgado de lo Social número 1 de Lugo ha condenado al Concello de Lugo a indemnizar a seis trabajadoras sociales con 65.000 euros por vulneración del derecho a la igualdad, tras una reducción en su complemento de productividad.

La sentencia establece que cinco de las técnicas deberán percibir 10.000 euros cada una, mientras que la sexta recibirá 15.000 euros. Esta decisión se basa en la repercusión que los hechos denunciados tuvieron en su integridad moral, incluyendo un trastorno de ansiedad acreditado. El Concello ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.
La reducción del complemento de productividad, en comparación con las cantidades percibidas por otras compañeras y por ellas mismas en años anteriores, se produjo después de que las trabajadoras presentaran una queja interna por acoso laboral y, posteriormente, una denuncia judicial por vulneración de derechos fundamentales.

Lo que se inició en un contexto de enfrentamiento laboral dio un giro y se convirtió en vulneración del derecho de igualdad.

Aunque el juez no apreció la situación de acoso inicial denunciada, sí consideró que hubo "acoso indirecto al lanzar un mensaje encubierto de que cualquier discrepancia o situación de tensión puede derivarse en mengua de las retribuciones". Las trabajadoras pasaron de percibir un plus de 2.828 euros en 2024 a cantidades que oscilaron entre 1.971 y 2.052 euros el año pasado.
El magistrado señaló que la valoración de la productividad fue realizada por la jefa de servicio, con la que las trabajadoras tenían un conflicto, lo que consideró anómalo. La sentencia indica que el Concello debería haber articulado otros instrumentos de valoración para evitar lo que parece ser una consecuencia directa del conflicto existente, calificándolo como un "mecanismo de represalia encubierto".