La colocación de las primeras cámaras de control de acceso al casco histórico de Lugo arrancó este martes en la Ronda da Muralla, cerca de Bispo Aguirre. La empresa encargada gestionará un total de 28 puntos de control en los próximos días: 18 equipos de reconocimiento de matrículas y 10 cámaras de visión artificial para supervisar peatones y ciclistas. Además, se sumarán dos equipos para medir la calidad del aire.
Esta medida responde a la obligación de la Unión Europea de establecer zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, un plazo que Lugo, tras obtener varias prórrogas, debe cumplir antes del 30 de septiembre.
Según confirmó el Concello, las cámaras se activarán progresivamente. Estiman que los primeros equipos podrían estar operativos a finales de este mes o a principios del siguiente, dependiendo de la puesta a punto de los sistemas y las conexiones necesarias por parte de la empresa instaladora y los informáticos municipales.
En 2019, el Concello invirtió 253.745 euros en la retirada de bolardos y la instalación de ocho cámaras de lectura de matrículas asociadas a tarjetas de residentes. El sistema, que requería gestión manual y verificación constante, nunca llegó a funcionar por motivos de gestión y políticos, además de coincidir con la planificación de la zona de bajas emisiones.
El recinto amurallado fue elegido por ser un espacio acotado y por tener ya tráfico restringido. Los bolardos retráctiles, instalados en 2001, fueron retirados en 2019.
La nueva normativa municipal permite el acceso a residentes, comerciantes y propietarios de garajes registrando sus matrículas. También se exime el registro para accesos a aparcamientos públicos, personas con movilidad reducida, servicios profesionales y vehículos de establecimientos hoteleros, que requerirán comunicación previa.
La ordenanza contempla un sistema telemático para gestionar autorizaciones y comunicaciones previas. Los residentes y comerciantes autorizados podrán parar hasta "el tiempo indispensable" delante de la vivienda o establecimiento.
La sanción por infringir la ordenanza será de 200 euros, pudiendo incrementarse según la gravedad, antecedentes y reincidencia.
