En rueda de prensa, representantes sindicales detallaron las problemáticas que afectan a la plantilla, incluyendo un "clima de acoso" hacia las delegadas, retrasos constantes en el pago de los salarios, jornadas laborales que superan las nueve horas sin los descansos reglamentarios y una organización del trabajo calificada de "caótica".
“"La empresa prioriza el beneficio económico por encima de las condiciones laborales y de la calidad asistencial."
La situación fue llevada ante la autoridad laboral, y la Inspección de Trabajo confirmó las irregularidades, obligando a la empresa a rectificar. Sin embargo, las denuncias no lograron frenar lo que el sindicato describe como un "clima de acoso y represalias" contra las delegadas sindicales, a las que se les ponen trabas en el ejercicio de su representación legal y se les somete a actitudes "intimidatorias".
Se estima que la plantilla de la empresa en los ayuntamientos de Neda, Cariño y Fene ronda las 200 trabajadoras, muchas de las cuales están de baja por problemas musculoesqueléticos o estrés psíquico. Las modificaciones constantes en los cuadrantes de trabajo, la obligación de realizar servicios extra sin aviso y la falta de tiempo para los desplazamientos entre domicilios son algunos de los puntos críticos señalados.
“"Le pedimos a la empresa que se siente a hablar y que deje de pagar mal todos los meses. Paga tarde, mal y arrastra."
Las representantes sindicales confirmaron que solicitarán reuniones urgentes con los ayuntamientos afectados y no descartan movilizaciones si la empresa no se aviene a negociar. La CIG se compromete a mantener la "presión sindical" hasta que la compañía "cumpla estrictamente con las obligaciones legales".
