El Ayuntamiento de Silleda se ha dirigido formalmente a la Xunta de Galicia para reclamar un pronunciamiento urgente y expreso sobre la situación administrativa del vertedero de Campomarzo. Esta solicitud se produce tras la declaración de impacto ambiental desfavorable para el proyecto de ampliación de la instalación y la comunicación de Bander Residuos sobre su renuncia a la autorización ambiental integrada (AAI).
La resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade del 28 de abril de 2026 ya concluyó el procedimiento de modificación sustancial de la AAI al considerar desfavorable el impacto ambiental de la ampliación propuesta por Bander. Recientemente, la empresa comunicó al Ayuntamiento su renuncia inmediata a la AAI, argumentando que ya no le correspondía asumir las tareas de mantenimiento, vigilancia y control, y sugiriendo que fuera el Ayuntamiento quien se encargase de estas obligaciones y del sellado y clausura de la instalación.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Silleda ha adoptado dos actuaciones formales. Por un lado, solicitó a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade una inspección urgente de la instalación, la adopción de medidas transitorias y la determinación de las responsabilidades derivadas del cese comunicado por Bander. Por otro lado, se personó como parte interesada en el expediente autonómico, pidiendo que no se resuelva sobre la renuncia sin audiencia previa al Ayuntamiento y que no se devuelva el aval de 271.256 euros mientras no se garanticen las obligaciones de mantenimiento, vigilancia, sellado y postclausura.
El Ayuntamiento considera que la prioridad es evitar cualquier vacío de control ambiental. La solicitud municipal incluye el control de accesos, la prevención de nuevos vertidos, el seguimiento de lixiviados, aguas y gases, la seguridad de la instalación y las actuaciones necesarias para el sellado y clausura. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, señaló que "La ampliación no superó la evaluación ambiental y ahora la empresa comunica que pretende dejar de asumir las actuaciones que venía realizando. En esa situación, la Xunta debe determinar con claridad cuáles son las medidas que hay que adoptar, quién está obligado a ejecutarlas y cómo se garantiza que el vertedero no quede sin control ambiental."
Además, el Ayuntamiento respondió formalmente a Bander Residuos, manifestando que no acepta la atribución unilateral de las obligaciones de mantenimiento, vigilancia, control, sellado, clausura o postclausura. El Ayuntamiento recuerda que Bander es titular de la autorización ambiental integrada desde diciembre de 2020 y que la resolución de abril de 2026 no autorizó el cierre ni trasladó al Ayuntamiento las obligaciones ambientales. Por lo tanto, será la Administración ambiental competente quien deba determinar quién es el titular actual y quién debe cumplir las obligaciones vigentes.
El Ayuntamiento requirió también a la empresa que, en un plazo de cinco días hábiles, comunique la situación actual de la instalación, las últimas actuaciones de mantenimiento y control realizadas, los informes disponibles del programa de vigilancia ambiental y cualquier incidencia que pueda suponer un riesgo. Esta información es relevante ya que la propia Bander reconoció haber realizado actuaciones de mantenimiento entre 2021 y 2026 por exigencia de la Administración autonómica.
Respecto al aval de 271.256 euros, el Ayuntamiento solicitó a la Xunta que no se acuerde su devolución mientras no se garanticen las obligaciones ambientales pendientes. La alcaldesa añadió que "Antes de liberar cualquier garantía económica tiene que quedar claro qué obligaciones están pendientes, quién debe asumirlas y qué recursos existen para asegurar que se cumplen. El Ayuntamiento no va a aceptar que una renuncia deje sin cobertura responsabilidades ambientales que aún no están resueltas."
El Ayuntamiento de Silleda está a la espera de la respuesta de la Xunta sobre la renuncia de Bander, las medidas a adoptar, el procedimiento de clausura y la identificación de los responsables. El objetivo principal es garantizar la protección ambiental y la seguridad de la instalación, evitando un período de abandono o falta de seguimiento.
