La jurisdicción civil en Santiago de Compostela se enfrenta a un atasco judicial sin precedentes, con cerca de 7.000 asuntos pendientes a principios de 2026, una cifra que casi duplica los registros previos a la pandemia. La evolución de los datos del primer trimestre de los últimos años evidencia un incremento constante tanto en la entrada de nuevos procedimientos como, sobre todo, en el volumen de casos que quedan por resolver.
En concreto, si en el primer trimestre de 2020 los juzgados civiles compostelanos mantenían 3.319 asuntos pendientes, a principios de 2026 esta cifra ascendió a 6.928 casos. Aunque se observa una ligera mejora respecto al pico de 2025 (8.069 asuntos), la acumulación de casos sigue siendo significativamente superior a la de hace seis años.
Estos asuntos civiles abarcan una amplia gama de conflictos cotidianos entre particulares, empresas o administraciones, como reclamaciones de deudas, problemas de alquiler, litigios por contratos, herencias, separaciones, custodias o disputas entre propietarios, que acaban judicializados cuando no encuentran otra vía de resolución.
La entrada de nuevos procedimientos también ha experimentado un crecimiento notable. Mientras que entre enero y marzo de 2020 ingresaron 1.675 asuntos civiles, en el mismo período de 2026 la cifra fue de 2.299, lo que supone un aumento del 37%. Esta cifra es inferior a la registrada en 2025 (3.035 asuntos), el nivel más alto de la serie analizada.
La presión sobre los juzgados también se refleja en la fase de ejecución, donde se hace cumplir una resolución judicial. En el primer trimestre de 2020 se registraron 342 procedimientos de ejecución civil, mientras que en 2026 fueron 489. La bolsa de procedimientos en fase de cumplimiento también ha crecido, pasando de 5.480 en 2020 a 7.490 en 2026, el dato más alto de la serie.
El grueso de la actividad se concentra en los juzgados civiles ordinarios, donde los asuntos pendientes pasaron de 2.456 en 2020 a 6.200 en 2026. Esta situación tiene una consecuencia directa para el ciudadano: la espera para resolver un conflicto judicial puede ser muy larga, afectando a problemas cotidianos como deudas impagadas, herencias bloqueadas o disputas familiares.
