El informe, elaborado a petición del concejal de Medio Ambiente y Camino de Santiago de Touro, Darío Rey Suárez, señala que las autorizaciones otorgadas a la mercantil Cobres San Rafael en el entorno de la ruta jacobea deberían quedar sin efecto. Esto se basa en el artículo 172 de la Convención del Patrimonio Mundial, que exige consulta obligatoria con la Unesco o el Icomos para cualquier actuación sobre bienes declarados Patrimonio Mundial o sus zonas de protección.

El documento destaca que "no consta" que se siguieran estas directrices, lo que representa un grave riesgo para los bienes protegidos. Además, subraya la ausencia de estudios de impacto patrimonial u otras autorizaciones específicas relacionadas con el proyecto, ni por parte de los ayuntamientos afectados, ni de la Xunta, ni del Gobierno central. El Icomos concluye, por tanto, que se "incumplieron diferentes determinaciones de carácter procedimental, algunas de ellas fundamentales".

El organismo también recalca la importancia de las evaluaciones de impacto patrimonial, que deben comenzar "desde el mismo momento en que se considere que cualquier actuación o proyecto pueda afectar al Patrimonio Mundial". La entidad considera que "no basta con cumplir un trámite de exposición pública" para garantizar el cumplimiento legal.

Como recomendación, el Icomos insta a las autoridades a realizar una Evaluación de Impacto Patrimonial "independiente" que analice en profundidad los impactos, especialmente los visuales, estudie alternativas, proponga medidas de mitigación y cuente con la participación de las comunidades locales. También sugiere formalizar una mesa de trabajo conjunta para eliminar los impactos sobre la ruta.

Por su parte, Cobres San Rafael afirmó que el proyecto de la mina "no afecta" al Camino de Santiago ni a su área de protección. Fuentes de la empresa indicaron que esta conclusión está justificada en la Evaluación de Impacto Ambiental y en la documentación técnica presentada ante las administraciones.