En una rueda de prensa celebrada en abril de 2026, portavoces de la Plataforma Vecinal contra la Mina de Touro-O Pino, junto con miembros de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, Ulloa Viva, Adega y la CIG, manifestaron su preocupación por la actitud de la Administración gallega. Según sus declaraciones, la Xunta estaría "cuestionando el derecho básico de la ciudadanía a participar" mediante el envío de requerimientos a miles de personas que han expresado su oposición a proyectos como la mina de Touro.
“"Estamos aquí para decir que vamos a seguir adelante y que esta dictadura que nos está imponiendo la Xunta no nos va a parar."
Desde agosto de 2025, particulares y entidades han comenzado a recibir comunicaciones exigiéndoles justificar su condición de "parte interesada" en los procedimientos. Las plataformas argumentan que su condición de "parte interesada" deriva de vivir en la zona, consumir agua del río Ulla y depender de la ría de Arousa para su sustento. Consideran esta actuación como una "maniobra dilatoria" diseñada para "desgastar y desmovilizar" a la ciudadanía, además de ser un "ataque directo a los derechos democráticos".
Las plataformas también criticaron lo que perciben como un trato desigual, donde a las grandes empresas extractivas "se les abren las puertas y se les facilitan los trámites", mientras que a los vecinos "les ponen trabas, palos en las ruedas, más burocracia y menos tiempo para defender". Reafirmaron su determinación de no ceder ante estas presiones.
“"Quieren que callemos, que desistamos. Pues que lo tengan claro, porque no vamos a hacerlo. No nos vamos a amedrentar, no nos van a intimidar y no vamos a dar un paso para atrás."
La Plataforma Ulloa Viva destacó la "unidad de acción" entre las organizaciones presentes en la lucha contra los proyectos "extractivos y lesivos" para el medio ambiente. También hicieron referencia a las recientes declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la decisión de no recurrir la sentencia que obliga a mantener la protección de terrenos donde se proyectaba instalar Altri, considerándolo un "trámite previo" que quedaría "subsumido" por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Finalmente, la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa subrayó un "recorte clarísimo de las libertades" y reiteró la unión de las plataformas no solo en la defensa ambiental, sino también en los derechos democráticos de la ciudadanía.
