La decisión judicial se centra en la entrada sin permiso y contra la voluntad de los residentes en una vivienda comunitaria de Vilaoudriz, donde convivían cinco personas mayores. La magistrada de Mondoñedo desestimó los delitos de falsedad documental y cohecho, al considerar que no se probaron los elementos de tipicidad penal necesarios para su imputación.
“"Los investigados llegaron a revolver entre la ropa y pertenencias de los usuarios de la vivienda, entrando en sus habitaciones con abuso de poder."
Aunque la letrada de los mayores, Verónica Díaz, argumentó que el abuso de autoridad estaba implícito en el allanamiento, el juzgado descartó este cargo, reconociendo que no hubo violencia física. También se rechazó el cohecho, ya que no se demostró que los funcionarios actuaran en beneficio propio, sino que realizaron la inspección al entender que los mayores no habían renunciado a la ayuda a domicilio para acudir a un servicio privado. La falsedad documental tampoco se probó, ya que no se sancionó a los mayores y el expediente fue archivado.
La acusación particular, sin embargo, prevé mantener la acusación por el delito de prevaricación. Este supuesto no se tramita ante un tribunal de jurado, sino mediante un procedimiento abreviado. La Audiencia Provincial de Lugo ya había indicado previamente la existencia de indicios de varios delitos, excluyendo el de prevaricación de la competencia del tribunal de jurado.
Una vez concretadas las personas investigadas y los presuntos delitos, el caso pasará a la Audiencia, donde se designará y conformará un tribunal de jurado y se fijará la fecha para la celebración de la vista oral.
