La administración local explicó que la ejecución responde a un mandato judicial que se remonta al año 2012, ratificado posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Según el ejecutivo, no existe ninguna resolución que permita detener el proceso mediante la aprobación del PXOM, por lo que el Ayuntamiento está obligado a cumplir con la demolición en un plazo de cinco meses.
La tramitación administrativa para los derribos ya se encuentra en fase de licitación. Paralelamente, el Ayuntamiento está gestionando el acceso a los inmuebles para llevar a cabo la ejecución subsidiaria, recurriendo a los juzgados si fuera necesario para garantizar la entrada en las propiedades.
Respecto a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los propietarios, el Ayuntamiento indicó que serán estudiadas en función de las circunstancias específicas de cada caso. El conflicto, que tiene su origen en un requerimiento de 2006 por parte de la Dirección Xeral de Urbanismo, se ha mantenido en los tribunales durante los últimos catorce años sin que se hayan producido cambios en la obligación de ejecutar el derribo.
