La medida fue justificada por la administración local como una solución necesaria ante la jubilación del encargado del servicio y la dificultad para encontrar personal cualificado. Según el gobierno municipal, esta decisión no implica una privatización, sino una externalización de servicios adicionales a los ya existentes, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión del agua.
“"No es una privatización, sino una externalización de algún servicio a mayores de los que ya estaban externalizados."
La oposición criticó la decisión, calificándola de "gravísima" e interpretándola como una privatización que hipotecará el futuro del Ayuntamiento de Xove durante los próximos ocho años. También se censuró la falta de un debate previo con los vecinos sobre el futuro de la gestión del agua y el hecho de que la propuesta no figurase en el programa electoral.
Desde el gobierno local, se manifestó sorpresa por las críticas, ya que la decisión fue avalada por criterios técnicos y económicos presentados en un estudio externo. Además, se subrayó la incapacidad del Ayuntamiento para realizar análisis complejos del agua y para llevar a cabo la limpieza de los depósitos, aspectos que se verán mejorados con el nuevo contrato que agrupa todas las partes externalizadas.
